¡¡¡ SANIDAD , PÚBLICA ¡¡¡
Concentración ante uno de los Centros de Salud afectados por la privatización |
Los presupuestos de la Comunidad
de Madrid para el año 2013 suponen para la sanidad pública la privatización
total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el
desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización
de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y
mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos, así como la fusión
de sus servicios sanitarios. También imponen la privatización de la gestión de
27 centros de atención primaria y la implantación del euro por
receta.
Estas medidas son un paso más en
un proceso de privatización previamente planificado que se inicia en 1991 con el
Informe Martorell, encargado por el gobierno del PSOE a una comisión presidida
por Fernando Abril Martorell, empresario, banquero y exprocurador en las Cortes
franquistas, y a nueve vicepresidentes, de los cuales siete estaban relacionados
con la sanidad privada y la industria farmacéutica. Las recomendaciones más
destacadas del informe fueron la reducción de las prestaciones sanitarias, la
introducción del repago por acudir a consultas, urgencias o por pruebas
diagnósticas, extender a los pensionistas el pago del 40% de las recetas, y
potenciar la participación de la empresa privada en el sistema sanitario
público. Cuando se hizo público el informe, una intensa movilización social que
culminó en una Huelga General hizo que fuera descartado de forma oficial, a
pesar de lo cual, como se puede comprobar, se convirtió en la hoja de ruta del
proceso de privatización.
En 1997 se aprueba, con los votos
de PP, PSOE, CiU, PNV y CC, la Ley 15/97
sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de
Salud (de los partidos nacionales solo IU no votó a favor) que permite que los centros sanitarios y socio sanitarios sean
gestionados por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da
entrada al ánimo de lucro en la sanidad pública.
Profesionales y usuarios del sistema ante el Centro de Salud de Ciempozuelos, que se privatiza en unos dias. |
El primer hospital de
financiación pública y gestión privada se inauguró en 1999 en Alcira, tras lo
cual este modelo se ha extendido por diferentes comunidades autónomas, siendo en
Madrid donde ha alcanzado su mayor desarrollo. El modelo consiste en que una
empresa privada recibe gratuitamente miles de metros cuadrados de suelo público
donde construye el hospital y dispone el equipamiento básico. Una vez finalizada
la obra se lo alquila a la Administración correspondiente por un canon anual
durante un periodo aproximado de 30 años.
Los estudios realizados en Gran
Bretaña, donde este modelo lleva más tiempo implantado, demuestran que los
costes se multiplican por 6 respecto a los de un hospital de gestión pública. Un
estudio comparativo entre la Fundación Jiménez Díaz, de gestión privada, y el
Hospital Ramón y Cajal, de gestión enteramente pública, en relación a la
gestión de servicios sanitarios demuestra que este último, con un presupuesto
solo superior en un 13%, gestiona el doble de camas y de quirófanos, con
pacientes con patologías mucho más complejas.
Este modelo no solo incrementa
los gastos públicos sino que presenta otros inconvenientes económicos. A pesar
de que la gestión es privada y los beneficios obtenidos también, en caso de
pérdidas estas son cubiertas por las administraciones públicas. En 2011 siete
hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid reclamaron 80 millones
de euros por gastos no esperados y un aumento en la asignación anual de 9,8
millones.
En 2003 el hospital de Alcira
presenta pérdidas superiores a los 5 millones de euros. El gobierno del PP de la
comunidad valenciana fue al rescate de la empresa gestora pagando 43,9 millones
de euros en concepto de bienes y 26 millones en concepto de indemnización para
cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban. El contrato
de gestión se rescindió, pero la nueva adjudicación, un contrato en el que se
sumaban a este hospital 13 Centros de Salud y una mejora de las condiciones
económicas, recayó sobre la misma empresa.
La gestión privada de los
hospitales termina en manos de empresas constructoras, aseguradoras o
financieras, en muchos casos vinculadas a tramas de corrupción o ligadas a
fondos de capital riesgo, que pasan de la burbuja inmobiliaria a la burbuja
sanitaria. Nuestra salud queda en manos de empresas privadas sin ninguna
experiencia en el ámbito de la sanidad, que sólo buscan un nuevo espacio de
benéfico económico. Esto ocurre, al igual que en los procesos de privatización
de otros servicios públicos, en connivencia de las élites económicas con los
poderes políticos.
Pero lo más grave es que la
gestión privada no solo es más cara, sino que revierte en servicios de peor
calidad, como denuncia la propia Organización Mundial de la Salud. Los
hospitales de gestión privada presentan mayores porcentajes de mortalidad y de
complicaciones post-operatorias (neumonía, insuficiencia respiratoria e
infecciones urinarias) aún a pesar de que en ellos se realiza un menor número de
intervenciones de riesgo. Por otra parte, cuando se analizan los niveles de
esperanza de vida se comprueba que son más elevados en países con sistemas
sanitarios con un fuerte componente público, frente a aquellos en los que
predomina el sector privado.
Es lógico que cuando los
servicios públicos (sanidad, educación, energía, agua, transportes…) pasan a ser
gestionados por una empresa privada con ánimo de lucro, sean más caros y/o de
peor calidad pues al coste de cubrir el servicio hay que añadirle el beneficio.
Esto normalmente se hace a costa de incrementar el gasto final o bien de reducir
la inversión (personal, materiales, mantenimiento, etc.). O incluso de ambas
cosas cuando el objetivo no solo es el beneficio sino el beneficio creciente.
Las empresas privadas no buscan ofrecer servicios públicos de calidad a la
población, sino repartir beneficios entre sus
accionistas.
La justificación para la
privatización de la sanidad se basa en la mentira de que la sanidad pública
española es insostenible debido a su elevado gasto y que la gestión privada nos
permite obtener mejores resultados reduciendo costes. Pero como hemos
comprobado, la gestión privada ofrece peores servicios e incrementa el gasto, a
lo que hay que añadir que si hay pérdidas o no se obtienen los beneficios
esperados, como ocurre en muchos casos, somos los ciudadanos los que pagamos por
medio de nuestros impuestos. A lo que hay que añadir que hasta hace pocos años
el Sistema Nacional Público de Salud español aparecía como referente a nivel
mundial y dentro de la Unión Europea situándose entre los más
eficientes.
Además es importante saber que en
el Estado español el gasto sanitario (al igual que el gasto en educación y
prestaciones sociales) es inferior a la media de la Unión Europea y está por
debajo del promedio de la OCDE en gasto per cápita. El problema del déficit
público no es el elevado gasto, como nos hacen creer, sino los ingresos
insuficientes. España es uno de los países de la Unión Europea donde los
ingresos son más bajos, porque las grandes empresas y fortunas pagan menos
impuestos y el fraude fiscal anual se eleva a unos 90 mil millones de euros, de
los cuales 3/4 partes proviene de estas mismas grandes empresas y grandes
fortunas, en manos de las cuales se pretenden dejar los servicios
públicos.
Hay que apoyar a los profesionales de la Sanidad pública y exigir:
- Derogación de la Ley 15/97.
- Desarrollo de unos servicios sanitarios 100% públicos, universales y de calidad, transparentes, bajo gestión participativa y control social.
- Recuperación de los centros privatizados y establecimiento de mecanismos de gestión y control social.
- Imposición de un sistema fiscal progresivo, justo y suficiente, lucha contra el fraude y eliminación de los paraísos fiscales, para contar con recursos que permitan el desarrollo de servicios públicos de calidad.
- Anulación de la última reforma de la Constitución española (art. 135), que impone la priorización del pago de la deuda por delante de gastos e inversiones en los servicios básicos a la ciudadanía, como la sanidad.
LOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD, QUE ASOMBRAN EN ESTAS FECHAS A TODA LA NACIÓN, POR SU LUCHA EN DEFENSA DE LO PÚBLICO, NO SE MERECEN PERDER LA BATALLA. LOS PACIENTES TAMPOCO. APOYEMOS TODOS LAS MOVILIZACIONES DE LA "MAREA BLANCA".
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